Luego de la experiencia vivida en busca de un expediente público, me pareció útil hacer una reflexión con respecto a uno de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas: Toda la información que manejan nuestros gobernantes y funcionarios públicos, es información pública, por lo tanto, todos tenemos derecho a acceder a ésta. Y la razón es porque, además de pagarles el sueldo a todos ellos, debemos conocer qué se hace con nuestro dinero, qué se compra, en qué se gasta, por qué y quiénes se benefician.
Vivir en democracia implica elegir gobernantes, pero no se limita sólo a eso. Si las y los habitantes de un país, provincia o ciudad, conocen y están informados, pueden elegir y construir sus ideas en base a ese conocimiento. Pero además, de esta manera también se impide la corrupción, ya que los mismos gobernados ejercerían su derecho de fiscalizar los actos del gobierno.
No es fácil acceder a toda la información, pero es algo que nos garantizan tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, -al que adhiere nuestro país- la Constitución Nacional y las provinciales. Para terminar, me pareció adecuada esta frase de la Declaración Interamericana de Principios sobre la Libertad de Expresión:
